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TV PAGA EN LATINOAMERICA

La clandestinidad
agudiza la crisis de la TV Paga 

Por: Ricardo G. Mendez 

En el marco de las pasadas Jornadas de TV por Cable, de ATVC en Argentina, este espinoso tema fue el centro del debate. Y TVMAS estuvo presente, tomándole el pulso a una industria, que cambió en todo y se incrementó la piratería.

Las conexiones ilegales en la TV por cable aumentaron de manera considerable en los últimos años. En Argentina, este crecimiento parece tener estricta relación con una clara falta de sanción por parte de la justicia a esta acción que se ha convertido en una costumbre y un fuerte incremento en el costo de los abonos básicos. TVMAS recogió en las pasadas jornadas de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) datos sorprendentes y realizó entrevistas para analizar el problema.

Roberto Omar López,
Standards & Training Head de Cablevisión y Nestor Palmisano, Coordinador de Clandestinos de Cablevisión

La falta de sanción de una ley para combatir la ilegalidad en el cable fue el epicentro de una discusión para un sector donde se impone una rápida y efectiva acción debido al aumento cada vez más desmedido de las conexiones clandestinas. Según Daniel Celentano, miembro del comité de ATVC las conexiones ilegales en el año 1996 eran del orden del 8% y hoy la cifra aumentó a más del 15%. Para Celentano, el Estado Nacional tiene una deuda con la industria de la TV por cable y la radiodifusión, pues hay una demora injustificada en tratar la problemática de la clandestinidad. Según explica, no es necesario modificar el Código Penal, solo se requiere de voluntad política. “La ausencia de una norma dificulta el tratamiento de los casos denunciados”, señala Celentano.

El senador Pablo Walter, miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación, afirma en este sentido, que se trata de una verdadera red delictiva dada por el robo y posterior venta de equipos, la comercialización de decodificadores y la emisión de señales de manera clandestina. Además, destaca que Argentina debe hacer un esfuerzo para resarcir y retener a todos aquellos empresarios que han invertido en el país y a los cuales el Estado les ha cambiado las reglas de juego en reiteradas ocasiones.

En Uruguay
La República Oriental del Uruguay poseía el mismo problema que Argentina y promulgó en julio último una ley que ya cuenta con muy buenos resultados y que en su primer artículo, impone multas entre $500 a $5000 USD, o prisión equivalente para aquellos que tengan conexiones clandestinas. “Se puede aplicar más allá de la TV por cable, una norma más amplia, es para la TV paga o cualquier señal alámbrica o inalámbrica que se reciba bajo el régimen de suscripción, esto nos nombra proyección de futuro”, explica Cristina Olaso, abogada de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA). También los instaladores “con o sin ánimo de lucro” serán penados con 3 meses a 3 años de prisión.

Multas hasta de 5.000 USD o prisión
La ley prevé agravantes si se dañara la red, instalaciones conexas y equipos pertenecientes a la empresa prestadora de servicios. También, si la conexión va en detrimento de la calidad del servicio prestado a los abonados y si quien efectúa la instalación es empleado o ex empleado de la empresa. Los fabricantes, importadores o vendedores de decodificadores, equipos o sistemas tendrán penas de 3 a 24 meses de prisión. Al sancionarse la ley, las empresas que realizaban este trabajo desaparecieron. Para la abogada, el problema requiere de rápida acción con denuncias y suficientes pruebas.

La clandestinidad, la peor competencia
Según Roberto Omar López, Standards & Training Head de Cablevisión la “industria del clandestino, es la peor competencia porque ofrece un producto a un costo muy inferior incluso hasta con una garantía. Existe un enorme grado de impunidad y es fundamental el cruce de datos entre las empresas, la creación de una red con puntos en común para combatir este fenómeno y hacerle conocer a los gobernantes al respecto”.

Para López, es fundamental investigar, concientizar y elegir una norma general. Como así también, acciones de desconexión y difusión de las medidas.

 

 
 



 

 


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